Durante la audiencia virtual, el fiscal anticorrupción de Áncash, Robert Rojas Ascón, sustentó que Juan Carlos Morillo Ulloa se concertó con sus funcionarios y los representantes de las empresas contratistas para defraudar al gobierno regional con la ejecución del proyecto de ampliación e implementación de un ambiente COVID-19 en el Hospital Regional, valorizado en 10 millones de soles.

El representante del Ministerio Público presentó las declaraciones de tres testigos protegidos y un aspirante a colaborador eficaz quienes han revelado que el titular de Áncash y sus funcionarios cometieron presuntos actos de corrupción durante el estado de emergencia sanitaria.

La medida también alcanza a Jhonny Constantino Muñante Quispe, exgerente del gobierno regional; Juan Wilson Mendo Sánchez, gerente de Administración; Pedro Velezmoro Sáenz, gerente de Infraestructura; y Ángel Velásquez Abanto, subgerente de Abastecimiento.

Así como a William Percy Rojas Vereau, subgerente de Estudios y Proyectos; Jiordano Renzo Alva Pinedo, responsable de la elaboración del proyecto; Italo Bryan Kiyoshi Lon Kan Pérez, encargado de la evaluación del proyecto; y a la representante de la empresa constructora Quimera SAC, Ninel Romero Bartusiak.

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El juzgado declaró fundado el pedido del Ministerio Público para que en el plazo de nueve meses se elaboren diversas pericias a los equipos médicos, celulares y equipos informáticos de los investigados, y se recaben documentos y declaraciones que permitan esclarecer los hechos.

El magistrado Quezada Blanco ordenó que el gobernador regional y los seis funcionarios, detenidos desde el 30 de noviembre, fueran internados en el penal Víctor Ramos Liendo de Huaraz.

Además, dispuso la inmediata ubicación y captura de Ninel Romero e Italo Lon Kan Pérez por encontrarse prófugos de la justicia.

En tanto, los abogados de todos los investigados anunciaron que apelarán la resolución judicial.

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